Ciencia, tecnología y transformación digital

Una única reforma de la Ley 29733 en lugar de seis leyes sueltas. Da a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales autonomía técnica y funcional, titular elegido por concurso con mandato fijo y un equipo de auditoría de tratamientos automatizados; eleva a ley la portabilidad gratuita con interfaces seguras; ordena los flujos internacionales (cláusulas modelo, normas corporativas, decisiones de adecuación) para pedir a la Unión Europea el reconocimiento de nivel adecuado; habilita laboratorios seguros del INEI para investigadores; regula desindexación y herencia digital; y declara sensibles los datos genómicos con un registro de biobancos en el INS.

Qué se entrega

ANPD con titular por concurso y meta presupuestal propia; laboratorio de microdatos del INEI y 4 entornos sectoriales; estándar técnico de portabilidad; Registro Nacional de Biobancos; expediente de adecuación presentado a la Comisión Europea.

¿Necesita ley?

Sí. Modificar la Ley 29733 (portabilidad, flujos transfronterizos, derecho al olvido, datos genéticos), crear una excepción al secreto estadístico del DL 604 y garantizar mandato fijo e inamovilidad del titular de la ANPD exige norma con rango de ley. Al ser de iniciativa congresal no puede crear pliego ni gasto (art. 79 de la Constitución): la ANPD sigue dentro del MINJUSDH con meta presupuestal diferenciada.

Responsable

MINJUSDH · con MINJUSDH (rectora), ANPD (reguladora), SBS (reguladora), MINSA (ejecutora), PCM-SGTD (consultiva), SERVIR (ejecutora), INEI (ejecutora), RREE (ejecutora), PJ (ejecutora)

Financiamiento

Presupuesto del pliego MINJUSDH (ANPD), INEI, INS y RENIEC; cooperación de la Unión Europea por identificar para la hoja de ruta de adecuación.

Costo referencial

Suma de estimaciones de las propuestas (confianza baja): ANPD S/ 0,8–1,6 millones/año; flujos UE S/ 0,4–1 millón/año; biobancos S/ 0,5–1,5 millones/año; desindexación S/ 0,1–0,3 millones/año. Laboratorios del INEI: no estimado.

Indicador

Titular de la ANPD designado por concurso con mandato fijo (2028); diálogo formal de adecuación con la Comisión Europea iniciado (2031); 5 entornos seguros de datos operando con proyectos publicados (2031).

Evidencia

La Comisión Europea reconoce nivel adecuado a países cuya autoridad es independiente y sanciona (Argentina y Uruguay lo obtuvieron; Reglamento UE 2016/679, art. 45). Los centros de datos seguros para investigación (Five Safes, ONS del Reino Unido) permiten usar registros administrativos sin exponer datos personales. El análisis de articulación identifica que las seis propuestas tocan la misma ley y son fusionables.

Riesgo

Autonomía nominal sin plazas: si el MEF no habilita la meta presupuestal diferenciada, la ANPD seguirá sin capacidad de supervisar y la UE no reconocerá adecuación.

Agrupa

IA-11 (Agenda Tech), IA-10 (Agenda Tech), IA-12 (Agenda Tech), IA-16 (Agenda Tech), DER-04 (Agenda Tech), SOB-05 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE4.3.1, AE3.5.1

Deroga o simplifica

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, art. 76: La propuesta eleva a rango legal y redefine la portabilidad; el art. 76 quedaría sustituido o debería reducirse a desarrollo operativo. (origen: IA-12)
• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, arts. 18 a 21: La propuesta dispone adecuar el régimen reglamentario de flujo transfronterizo; las comunicaciones repetidas y la cláusula abierta quedarían sin sustento. (origen: IA-16)

Fuentes

Comisión Europea: decisiones de adecuación en protección de datos, Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (gob.pe), Chile: Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733 (art. 41), Unión Europea: Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos (reutilización de datos protegidos del sector público en entornos seguros), Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 20

Una sola ley marco que reemplaza diez iniciativas: reconoce a la PCM (SGTD-CNSD) como autoridad de ciberseguridad civil con potestad sancionadora; fija obligaciones mínimas verificables para operadores de servicios esenciales (energía, agua, salud, telecom, transporte) supervisadas por sus reguladores; crea una ventanilla única de notificación de incidentes; incorpora cables submarinos, IXP y elementos críticos de telecomunicaciones al régimen de activos críticos con continuidad ante desastres; ordena auditorías públicas de los sistemas electorales; habilita requisitos para dispositivos IoT por reglamento técnico; y encarga la hoja de ruta de criptografía poscuántica y un programa de ciberresiliencia mipyme.

Qué se entrega

CSIRT Nacional con unidad de supervisión de 15–25 especialistas; al menos 10 CSIRT sectoriales y regionales integrados; ventanilla única de incidentes interoperable con ANPD, SBS, BCRP y OSIPTEL; auditorías bienales de operadores esenciales; informes de auditoría electoral publicados 60 días antes de cada elección.

¿Necesita ley?

Sí. La potestad sancionadora requiere habilitación legal expresa (principio de legalidad, art. 248 del TUO de la Ley 27444) y hoy el marco descansa en el DU 007-2020 y el DS 126-2025-PCM. La auditoría de sistemas electorales modifica leyes orgánicas de ONPE, JNE y RENIEC (votación calificada, art. 106). No crea organismo ni pliego: la autoridad es la PCM vía SGTD y el Centro Nacional de Seguridad Digital.

Responsable

PCM-SGTD · con PCM-SGTD (rectora), CNSD (ejecutora), OSIPTEL (reguladora), PRODUCE (ejecutora), MTC (ejecutora), SBS (supervisora), MINDEF (ejecutora), GORE (ejecutora), Municipalidades (ejecutora)

Financiamiento

Presupuesto del pliego PCM; aporte por regulación de OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN y SUSALUD para la supervisión sectorial; costo de auditorías a cargo de los operadores; presupuesto electoral de ONPE, JNE y RENIEC.

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): autoridad y CSIRT S/ 3–6 millones/año; supervisión sectorial S/ 2–4 millones/año; ventanilla S/ 1,5–3 millones únicos; auditoría electoral S/ 2–5 millones por elección general; inventario poscuántico S/ 3–9 millones únicos.

Indicador

Régimen sancionador aplicado y 10 CSIRT integrados (2031); 100 % de operadores esenciales calificados con auditoría bienal; tiempo medio de notificación y respuesta a incidentes publicado anualmente.

Evidencia

La Directiva NIS2 de la UE (2022/2555) y la Ley 21.663 de Chile (2024) muestran el modelo de autoridad única, obligaciones por sector y notificación de incidentes. El Ministerio Público registró 29 118 denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026 (El Peruano, 2026). El análisis halló duplicidad entre la notificación a la ANPD y al CNSD que esta ley elimina.

Riesgo

Capacidad: una autoridad dentro de la PCM con rotación política y sin escala salarial competitiva puede no retener especialistas; las EPS de saneamiento y municipios pueden cumplir solo en papel.

Agrupa

CIB-01 (Agenda Tech), CIB-02 (Agenda Tech), CIB-03 (Agenda Tech), CIB-12 (Agenda Tech), CIB-13 (Agenda Tech), CIB-14 (Agenda Tech), CIB-07 (Agenda Tech), CON-11 (Agenda Tech), CON-14 (Agenda Tech), SOB-06 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE2.8.3

Depende de

DIG-04

Deroga o simplifica

• Decreto Supremo 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley 29733, art. 34: La notificación separada a la ANPD quedaría sustituida por la ventanilla única; el artículo debería reducirse a remisión. (origen: CIB-03)
• Decreto Supremo 126-2025-PCM, arts. 29 a 34: Los plazos y contenidos de notificación al CNSD se reemplazan por los armonizados. (origen: CIB-03)

Fuentes

El Peruano: ciberdelitos más denunciados en el Perú durante 2026, Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), Decreto de Urgencia 007-2020 (copia del Congreso), Chile: Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y CSIRT), Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú, El Peruano (27-03-2026): Incidente de seguridad digital o de datos personales — doble régimen de notificación

Una reforma única de la Ley 29904, la Ley 28900 y la Ley 29022 en vez de ocho proyectos. Permite que el FITEL pague la operación y el mantenimiento de las redes regionales ya construidas; integra la Red Dorsal y las redes regionales en una red mayorista de acceso abierto con operador neutro; obliga a dejar ductos en obras viales y de saneamiento subnacionales; vuelve permanente el régimen de antenas con silencio positivo y ventanilla digital; canjea parte del precio del espectro por cobertura rural verificable; crea la concesión comunitaria para comunidades campesinas y nativas; y obliga a OSIPTEL a publicar un mapa de cobertura verificada por distrito.

Qué se entrega

100 % de redes FITEL con contrato de operación y mantenimiento (2028); contrato con operador neutro de la red mayorista; Registro Nacional de Infraestructura Pasiva; ventanilla única de permisos con plazo medio menor a 15 días hábiles; al menos un concurso de espectro con cobertura rural; 100 operadores comunitarios habilitados.

¿Necesita ley?

Sí. Requiere modificar normas con rango de ley: Ley 28900 (destino del FITEL a operación y mantenimiento), Ley 29904 (red mayorista y ductos), Ley 29022 y Ley 31456 (permanencia del régimen de antenas y silencio positivo) y el TUO de la Ley de Telecomunicaciones (espectro y concesión comunitaria). El Plan Nacional de Conectividad y la medición pueden ir por DS y resolución de OSIPTEL.

Responsable

MTC · con MTC (rectora), OSIPTEL (reguladora), Municipalidades (ejecutora), MEF (reguladora), PRONATEL (ejecutora), INDECOPI (supervisora), PCM-SGTD (consultiva), GORE (ejecutora), PROINVERSIÓN (ejecutora)

Financiamiento

FITEL (Ley 28900) y presupuesto del pliego MTC; Proyectos en Activos (DL 1362) para el operador neutro; inversión privada a cuenta del precio del espectro (menor ingreso al Tesoro); Obras por Impuestos con GORE.

Costo referencial

No estimado en conjunto. Trade-off explícito: canjear precio de espectro por cobertura reduce ingresos del Tesoro a cambio de despliegue rural verificable.

Indicador

Hogares rurales con internet (INEI-ENAHO): de 27,1 % (II trim. 2026) a ≥ 50 % en 2031; ocupación de la red mayorista ≥ 50 % (2031); permisos de infraestructura con plazo medio < 15 días hábiles.

Evidencia

Las redes regionales financiadas por FITEL se han apagado o subutilizado por falta de contratos de operación (el propio análisis lo identifica como cuello de botella). Las obligaciones de cobertura asociadas al espectro se usaron en Chile (concurso 5G 2021) y México reconoce desde 2014 concesiones de uso social comunitario e indígena. Según el INEI, solo el 27,1 % de hogares rurales tenía internet en el II trimestre de 2026, frente a 84,7 % en Lima Metropolitana.

Riesgo

Declarar internet servicio esencial no tiende fibra: sin cartera financiada de última milla y sin fiscalización de las obligaciones de cobertura, la meta rural queda en papel.

Agrupa

CON-01 (Agenda Tech), CON-02 (Agenda Tech), CON-03 (Agenda Tech), CON-04 (Agenda Tech), CON-05 (Agenda Tech), CON-06 (Agenda Tech), CON-07 (Agenda Tech), CON-12 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE1.3.10, AE3.6.1

Deroga o simplifica

• Decreto Legislativo 1560 (régimen de operación provisional de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica): Su régimen transitorio quedaría sin objeto una vez suscrito el contrato con el operador neutro seleccionado por PROINVERSIÓN. (origen: CON-03)
• Ley 29904, artículo 16 (reportes de infraestructura): La propuesta sustituye esos reportes por el Registro Nacional de Infraestructura Pasiva, eliminando un reporte duplicado. (origen: CON-04)
• Ley 30228, artículo 6: La propia propuesta lo deroga al volver permanente el régimen de la Ley 29022. (origen: CON-05)
• Ley 31456, artículo 2 (plazo de vigencia del régimen de la Ley 29022): Pierde objeto si el régimen se vuelve permanente; la propuesta lo deroga expresamente. (origen: CON-05)

Fuentes

INEI: Estadísticas de las TIC en los hogares, II trimestre 2026, Chile: Ley 21.678 (2024), establece el acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones, PRONATEL, Programa Nacional de Telecomunicaciones (MTC), Colombia: Ley 1978 de 2019, moderniza el sector TIC (fondo único y obligaciones de hacer en asignación de espectro), Andina: PRONATEL asumió operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Unión Europea: Comunicación de la Comisión: Directrices sobre ayudas estatales a las redes de banda ancha (2023/C 36/01), que exigen acceso mayorista abierto a las redes subvencionadas

Doce propuestas en una ley que cambia cómo el Estado trata a las personas. Prohíbe pedir documentos que el Estado ya tiene, con bitácora para que cada ciudadano vea quién consultó sus datos; unifica las notificaciones en una casilla electrónica nacional; da rango legal al DNI digital, la billetera de identidad y la firma digital remota gratuita; exige registrar los algoritmos públicos de riesgo alto y garantiza explicación y revisión humana de decisiones automatizadas, también en el Poder Judicial y la Fiscalía; fija garantías en audiencias virtuales; permite respaldar iniciativas ciudadanas con firma digital; obliga a reglamentar leyes en 90 días hábiles y emite constancias automáticas de silencio positivo.

Qué se entrega

Catálogo Nacional de Datos Interoperables con bitácora en GOB.PE; Casilla Única Perú; Registro de Algoritmos Públicos; canal de revisión humana; 10 millones de DNI digitales activos; firma remota gratuita; plataforma ONPE-RENIEC de adhesión digital; Registro Público de Reglamentación de Leyes.

¿Necesita ley?

Sí. Modifica el TUO de la Ley 27444 (validez del acto, notificación, derechos del administrado), la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (plazo supletorio de reglamentación, votación de ley orgánica), la ley orgánica del RENIEC (DNI digital), la Ley 27269 (firma remota), la Ley 26300 (adhesión digital) y los códigos procesales (audiencias virtuales). Todas son materias con reserva de ley.

Responsable

PCM-SGTD · con PCM-SGTD (rectora), RENIEC (ejecutora), CGR (supervisora), GORE (ejecutora), ANPD (supervisora), INDECOPI (supervisora), Municipalidades (ejecutora), PCM (ejecutora), Congreso (reguladora)

Financiamiento

Presupuesto de los pliegos PCM, RENIEC (incluidos recursos directamente recaudados), Poder Judicial, ONPE y MINJUSDH; Invierte.pe para billetera, firma remota y salas de audiencia.

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): interoperabilidad S/ 3–8 millones únicos + S/ 1–2 millones/año; billetera DNI S/ 5–15 millones (2027-2029); firma remota S/ 5–12 millones; adhesión digital S/ 3–7 millones; audiencias S/ 1,5–5 millones; registro de algoritmos S/ 0,8–2 millones.

Indicador

100 % de procedimientos del Ejecutivo y 70 % de GORE y municipalidades provinciales sin exigir documentos del Catálogo (2031); 80 % de leyes reglamentadas dentro del plazo; 10 millones de DNI digitales activos.

Evidencia

Estonia y Dinamarca aplican el principio 'solo una vez' con registros interoperables y bitácora ciudadana (X-Road; eesti.ee). El Reglamento de IA de la UE (2024/1689) y la Ley 31814 del Perú exigen transparencia en sistemas de riesgo alto. El análisis destaca GOB-15 y GOB-18 como las que mejor responden a la crítica de leyes que no se cumplen. El Perú ocupa el puesto 58 de 193 en el Índice de Gobierno Electrónico de la ONU (2024).

Riesgo

Si RENIEC, SUNARP y otros registros maestros no exponen servicios estables por la PIDE, la prohibición de pedir documentos será letra muerta; la billetera beneficiará primero a quien ya está incluido.

Agrupa

GOB-01 (Agenda Tech), GOB-02 (Agenda Tech), GOB-12 (Agenda Tech), GOB-15 (Agenda Tech), GOB-18 (Agenda Tech), IA-01 (Agenda Tech), IA-02 (Agenda Tech), IA-09 (Agenda Tech), DER-01 (Agenda Tech), CIB-08 (Agenda Tech), CIB-09 (Agenda Tech), DER-08 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE4.5.4, AE4.5.2

Depende de

DIG-01, DIG-11

Deroga o simplifica

• Decreto Supremo 082-2024-PCM (autorización temporal de firma remota del RENIEC): Al darse rango legal y carácter permanente a la firma remota, la autorización temporal quedaría superada. (origen: CIB-09)

Fuentes

ONU DESA: perfil del Perú en el E-Government Survey 2024, PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal), Estonia: X-Road: capa de intercambio de datos del Estado y principio de solo una vez, Plataforma digital Carpeta Ciudadana (GOB.PE), España: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (art. 28: derecho a no aportar documentos que obren en poder de la Administración), Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

Una ley de confianza en los mercados digitales que fusiona ocho propuestas: derecho a compartir los datos financieros propios mediante API estandarizadas; estándares del BCRP para iniciación de pagos y confirmación del beneficiario; registro habilitante de proveedores de activos virtuales en la SBS con custodia segregada; deberes antifraude y reembolso en plazos máximos para bancos, billeteras y operadores móviles; autenticación de llamadas y registro de remitentes de SMS; prohibición de interfaces manipuladoras y cancelación sencilla de suscripciones; resolución de disputas de consumo en línea del INDECOPI; e información de reparabilidad y repuestos en electrónicos.

Qué se entrega

Estándar de API y registro público de terceros proveedores; comparador de comisiones del BCRP; registro de PSAV con segregación verificada; mecanismo antifraude compartido y estadística por entidad; Registro de Remitentes y canal de reporte de fraude telefónico; plataforma ODR del INDECOPI; etiqueta de reparabilidad.

¿Necesita ley?

Sí. Requiere ley la excepción al secreto bancario por consentimiento (art. 2.5 de la Constitución), la ampliación por ley orgánica de la potestad de la SBS sobre terceros y proveedores de activos virtuales, la segregación patrimonial con excepción al régimen concursal, la responsabilidad solidaria ante fraude y el derecho de desistimiento en el Código de Consumo. Pagos interoperables y llamadas fraudulentas pueden avanzar por circulares del BCRP y resoluciones de OSIPTEL.

Responsable

SBS · con SBS (rectora), INDECOPI (ejecutora), BCRP (ejecutora), UIF-Perú (supervisora), MTC (reguladora), PCM (reguladora), ANPD (supervisora), OSIPTEL (supervisora), PCM-SGTD (ejecutora)

Financiamiento

Contribuciones de supervisados a la SBS, presupuesto del BCRP, aporte por regulación del OSIPTEL y recursos propios del INDECOPI. Sin gasto del Tesoro según las propuestas.

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): ODR del INDECOPI S/ 1,5–4 millones únicos + S/ 0,5–1,2 millones/año; registro de remitentes S/ 1–2,5 millones únicos. Resto: no estimado.

Indicador

Principales bancos y emisores de dinero electrónico intercambiando datos por API con registro público (2031); tiempo medio de resolución de reclamos por fraude < 15 días hábiles; 100 % de PSAV registrados.

Evidencia

Brasil (Open Finance, Resolución Conjunta 1/2020 y Pix del Banco Central) y el Reino Unido (Open Banking, CMA 2017) muestran que estándares obligatorios con cronograma generan competencia; el Reino Unido exige reembolso por fraude de pago autorizado desde 2024 (Payment Systems Regulator). Las denuncias por fraude informático sumaron 19 602 entre enero y julio de 2026 (Ministerio Público vía El Peruano).

Riesgo

Captura y ejecución: si la 'negligencia grave' del usuario se interpreta ampliamente los reembolsos no llegan; los proveedores extranjeros sin domicilio quedan fuera del alcance del INDECOPI y de la SBS.

Agrupa

ECO-06 (Agenda Tech), ECO-07 (Agenda Tech), ECO-08 (Agenda Tech), CIB-05 (Agenda Tech), CIB-06 (Agenda Tech), ECO-10 (Agenda Tech), DER-06 (Agenda Tech), TAL-12 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE3.7.3, AE3.4.1

Depende de

DIG-01, DIG-04

Fuentes

Banco Central do Brasil: Open Finance, El Peruano — SBS fija ruta regulatoria (finanzas abiertas y BaaS), Chile: Ley 21.521 (Ley Fintec), incluye sistema de finanzas abiertas y financiamiento colectivo, BCRP, Revista Moneda 202 — Interoperabilidad de los pagos minoristas en el Perú, Unión Europea: Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago (PSD2), acceso a cuentas e iniciación de pagos, SBS — Nota de prensa sobre la norma SPLAFT para PSAV (Res. SBS 02648-2024)

Doce propuestas en una ley de innovación. Define la startup de base tecnológica y flexibiliza la SACS; da reglas de gobernanza, reinversión y rendición de cuentas al fondo de fondos FCEI de COFIDE; permite a las AFP invertir con salvaguardas en capital de riesgo; mejora el crowdfunding; extiende y evalúa el incentivo tributario de I+D para empresas en pérdida; asigna a universidades la titularidad de invenciones con fondos públicos para crear spin-offs; crea la residencia de talento tecnológico; da rango legal al sandbox de IA; ordena la responsabilidad de sistemas autónomos y drones; establece el marco de actividades espaciales en la CONIDA; y aclara IA generativa y derecho de autor.

Qué se entrega

Sección de empresas emergentes en el registro de PRODUCE; FCEI con nuevos fondos y evaluación independiente; ≥ 3 fondos de capital de riesgo con participación de AFP; oficinas de transferencia tecnológica en universidades públicas; residencia de talento tecnológico en 30 días; 40 proyectos concluidos en el sandbox de IA; Registro de Objetos Espaciales; mapa digital de zonas para drones.

¿Necesita ley?

Sí. Requiere ley: excepciones a la Ley General de Sociedades (voto plural, opciones), reglas del FCEI en el DU 013-2020, arrastre de la deducción de I+D en la Ley 30309 (materia tributaria, art. 74), titularidad de resultados con fondos públicos (DL 1075 y DL 822), excepción de minería de textos al derecho de autor, calidad migratoria en el DL 1350, régimen de responsabilidad civil de sistemas autónomos (Código Civil), Ley 30740 de drones y ley de actividades espaciales. No asigna recursos del Tesoro (art. 79).

Responsable

PRODUCE · con PRODUCE (rectora), MEF (ejecutora), CONCYTEC (ejecutora), INDECOPI (ejecutora), SBS (reguladora), MTC (ejecutora), MIGRACIONES (ejecutora), COFIDE (ejecutora), SUNEDU (ejecutora)

Financiamiento

Patrimonio del FCEI y aportes privados (aporte público adicional solo por Ley de Presupuesto); gasto tributario de la Ley 30309; presupuestos de PRODUCE, CONCYTEC, MIGRACIONES, CONIDA y MTC; recursos de las AFP (privados).

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): arrastre I+D S/ 0,5–3 millones/año de gasto tributario (2028-2030); registro de startups S/ 0,3–1 millón único; drones S/ 1–3 millones únicos; sandbox S/ 0,3–0,6 millones/año. FCEI: no estimado.

Indicador

Inversión anual de capital de riesgo en startups peruanas (LAVCA) creciente respecto de 2026; evaluación de impacto del FCEI publicada (2031); licencias y spin-offs universitarias reportadas en datos abiertos.

Evidencia

Chile (Start-Up Chile, CORFO) y Colombia (Bancóldex fondo de fondos) muestran que el fondo de fondos con coinversión privada crea mercado de capital de riesgo; la Ley Bayh-Dole de EE. UU. aumentó la transferencia universitaria. El Perú cayó del puesto 75 al 80 de 139 en el Índice Global de Innovación 2025 de la OMPI, con peor desempeño en resultados (91) que en insumos (72).

Riesgo

Una definición legal no crea capital: sin aportes al FCEI ni gestores con historial, la SACS flexible queda sin uso, como ocurrió con el DL 1409.

Agrupa

ECO-01 (Agenda Tech), ECO-02 (Agenda Tech), ECO-03 (Agenda Tech), ECO-05 (Agenda Tech), ECO-09 (Agenda Tech), ECO-19 (Agenda Tech), TAL-15 (Agenda Tech), IA-03 (Agenda Tech), IA-15 (Agenda Tech), SOB-03 (Agenda Tech), CON-08 (Agenda Tech), DER-02 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE3.5.5, AE3.5.2

Depende de

DIG-24

Deroga o simplifica

• Decreto Legislativo 689, porcentajes limitativos y aprobación previa de contratos de trabajadores extranjeros: La propuesta exceptúa de ellos al residente talento tecnológico; muestra que esas restricciones podrían revisarse en general para ocupaciones con escasez. (origen: TAL-15)

Fuentes

OMPI: perfil del Perú en el Global Innovation Index 2025, Texto del Decreto Legislativo 1409 (SACS), España: Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, COFIDE — Nota de prensa 19-feb-2026: balance del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), Argentina: Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, CONCYTEC — Reporte de seguimiento 2016-2024 de la Política Nacional de CTI (gasto en I+D/PBI, posición GII)

Una ley que ordena la relación entre apertura económica y seguridad. Crea un procedimiento reglado, no discriminatorio y de plazos cortos para evaluar adquisiciones de control sobre activos críticos nacionales y tecnologías sensibles; establece el control de exportaciones de bienes, software y tecnologías de doble uso con licencias en la VUCE y exclusión del código abierto; obliga a todos los terminales de uso público a transmitir sus eventos logísticos por la VUCE en el corredor Chancay–Lima; fija procesos mínimos para la manufactura electrónica en ZEEP; y da reglas sobre información digital de secuencias de recursos genéticos con reparto de beneficios.

Qué se entrega

Reglamento y lista de tecnologías sensibles con unidad evaluadora en el MEF; Lista Nacional de Control y módulo de licencias en la VUCE; componente portuario de la VUCE con todos los terminales; matriz de procesos ZEEP; ventanilla de acceso a recursos genéticos con resolución en 30 días.

¿Necesita ley?

Sí. Restringir temporalmente inversiones por seguridad nacional solo puede hacerse por ley (art. 72 de la Constitución, con respeto del art. 63); el régimen de licencias de exportación de doble uso, las obligaciones a terminales portuarios privados, las condiciones de la Ley 32449 (ZEEP) y las reglas de información digital de secuencias sobre recursos genéticos crean obligaciones con reserva de ley. La lista de minerales críticos no necesita ley (va en DIG-21).

Responsable

MEF · con MEF (rectora), MINCETUR (ejecutora), SUNAT (ejecutora), INDECOPI (supervisora), PRODUCE (ejecutora), DINI (consultiva), RREE (consultiva), MINDEF (consultiva), INACAL (ejecutora)

Financiamiento

Presupuesto de los pliegos MEF, MINCETUR, SUNAT, APN y MINAM; adecuación a cargo de los operadores portuarios.

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): evaluación de inversiones S/ 1–2,5 millones/año; doble uso S/ 2–4 millones el primer año y S/ 1,5–3 millones/año; ZEEP S/ 0,5–1,5 millones/año; recursos genéticos S/ 0,5–1,5 millones únicos.

Indicador

≥ 80 % de operaciones de inversión resueltas en primera fase de 20 días hábiles; licencias de doble uso con plazo mediano ≤ 30 días; 100 % de terminales marítimos de uso público transmitiendo por la VUCE (2029).

Evidencia

La Recomendación de la OCDE de 2009 sobre inversión y seguridad nacional (no discriminación, previsibilidad, proporcionalidad) es el estándar que el Perú debe cumplir en su adhesión. Los regímenes de Wassenaar y la práctica de Chile y México en control de doble uso permiten acceso a tecnología sensible. La decisión 16/2 de la COP16 (Cali, 2024) creó el Fondo Cali para la DSI.

Riesgo

Politización: un procedimiento con discrecionalidad de seguridad nacional puede disuadir inversión legítima sin detectar la riesgosa; el MINCETUR no tiene hoy peritos de doble uso.

Agrupa

SOB-12 (Agenda Tech), SOB-13 (Agenda Tech), SOB-02 (Agenda Tech), SOB-11 (Agenda Tech), GOB-20 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE2.8.5, AE3.3.14

Depende de

DIG-02

Fuentes

OCDE: Guidelines for Recipient Country Investment Policies relating to National Security (2009), Arreglo de Wassenaar, Estados participantes, Unión Europea: Reglamento (UE) 2021/821, régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso, El Peruano: Ley 32449, ZEEP, Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1781, Ley Europea de Chips (medidas para el ecosistema de semiconductores), MINAM: 35 certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente emitidos en 2025

Una reforma de la Ley 30096 y normas conexas que reúne seis propuestas: tipifica la extorsión informática (ransomware) y el fraude con duplicados de chip; exime de pena a quien reporta vulnerabilidades de buena fe; incorpora medidas de protección digitales en la Ley 30364 (retiro de contenido íntimo o sintético, cese de acceso a cuentas, prohibición de software espía); impone a las plataformas usadas por menores un deber de diligencia con configuración segura por defecto; obliga a las grandes plataformas a explicar sus decisiones de moderación e identificar la publicidad; y sanciona los deepfakes que suplanten a candidatos con retiro célere ante el JNE.

Qué se entrega

Laboratorios forenses digitales y fiscalías de ciberdelincuencia con punto de contacto 24/7; política de divulgación coordinada en todos los ministerios; protocolo de medidas de protección digitales con custodia cifrada de evidencia; unidad de supervisión de plataformas en el INDECOPI; canal JNE de retiro en 72 horas.

¿Necesita ley?

Sí. Tipificar delitos y eximir de pena exige ley (principio de legalidad penal, art. 2.24.d de la Constitución); también lo requieren las medidas de protección digitales en la Ley 30364, el deber de diligencia de plataformas con potestad sancionadora del INDECOPI y las infracciones electorales por contenido sintético.

Responsable

MP · con MP (ejecutora), MIMP (rectora), PNP (ejecutora), ANPD (supervisora), PJ (ejecutora), ONPE (ejecutora), INDECOPI (supervisora), JNE (supervisora), PCM-SGTD (ejecutora)

Financiamiento

Presupuesto de los pliegos Ministerio Público, MININTER, Poder Judicial, MIMP, INDECOPI y JNE.

Costo referencial

Estimaciones de las propuestas (confianza baja): protocolo de violencia digital S/ 0,3–1 millón único; supervisión de plataformas S/ 0,7–1,8 millones/año y protección de menores S/ 1–2 millones/año. Capacidad forense: no estimado.

Indicador

Proporción de denuncias por ciberdelito que llegan a acusación (boletín del Ministerio Público) creciente cada año; 90 % de denuncias por deepfakes electorales resueltas en ≤ 72 horas.

Evidencia

El Convenio de Budapest, al que el Perú se adhirió en 2019, exige tipos penales y cooperación 24/7. La Online Safety Act del Reino Unido (2023) y la Ley de Servicios Digitales de la UE (2022/2065) fijan deberes de diligencia y transparencia. El Ministerio Público registró 29 118 denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026. El análisis advierte que el cuello de botella es la falta de peritos, no el tipo penal.

Riesgo

Más tipos penales sin peritos ni fiscales especializados no aumentan las condenas; las plataformas sin domicilio en el Perú pueden ignorar órdenes de retiro.

Agrupa

CIB-04 (Agenda Tech), CIB-11 (Agenda Tech), DER-07 (Agenda Tech), CIB-10 (Agenda Tech), DER-03 (Agenda Tech), IA-07 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE4.4.1, AE1.5.2

Depende de

DIG-02

Fuentes

Consejo de Europa: Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Budapest), El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público, Chile: Ley 21.459, establece normas sobre delitos informáticos (adecuación al Convenio de Budapest), Apaxi (07-09-2026): Normas de ciberseguridad para empresas en el Perú, Estados Unidos: CISA Binding Operational Directive 20-01: políticas de divulgación de vulnerabilidades en agencias federales, El Peruano: D.S. 002-2025-MIMP (4-abr-2025)

Una ley que fusiona cuatro propuestas sobre trabajo y tecnología. Sin prejuzgar si la relación es laboral, obliga a plataformas de reparto y movilidad a contratar un seguro de accidentes y a retener los aportes a EsSalud que elija la persona; reconoce el derecho a saber cuándo un algoritmo decide sobre contratación, evaluación o despido; fija límites al monitoreo digital (prohíbe activar cámaras a distancia o registrar pulsaciones); crea un observatorio de automatización y empleo; y crea la cuenta individual de aprendizaje, portable, para que cada trabajador acumule aportes voluntarios y credenciales.

Qué se entrega

Registro de plataformas en el MTPE con seguro verificado; módulo de retención de aportes a EsSalud vía SUNAT; protocolo de SUNAFIL sobre gestión algorítmica y monitoreo; observatorio con reporte anual; registro digital de aprendizaje y producto financiero regulado por la SBS.

¿Necesita ley?

Sí. Crear derechos laborales oponibles al empleador, calificar como arbitrario el despido por decisión automatizada, imponer seguro y retención de aportes a plataformas, tipificar infracciones (Ley 28806) y crear la cuenta individual de aprendizaje como producto regulado requieren ley. No crea contribución nueva ni gasto público.

Responsable

MTPE · con MTPE (rectora), SUNAFIL (supervisora), ANPD (supervisora), SERVIR (supervisora), EsSalud (ejecutora), SUNAT (ejecutora), INEI (ejecutora), SBS (reguladora), INDECOPI (supervisora)

Financiamiento

Presupuesto de MTPE, SUNAFIL y EsSalud; aportes voluntarios de trabajadores y empleadores para la cuenta de aprendizaje.

Costo referencial

Registro digital de aprendizaje S/ 0,5–1,5 millones únicos (estimación de la propuesta); resto no estimado.

Indicador

100 % de plataformas de reparto y movilidad registradas con seguro vigente (2031); prestadores afiliados a EsSalud reportados semestralmente; cuentas de aprendizaje abiertas y tasa de inserción formal de sus titulares.

Evidencia

La Directiva (UE) 2024/2831 sobre trabajo en plataformas y la Ley 12/2021 de España ('Ley Rider') regulan transparencia algorítmica; Chile aprobó la Ley 21.431 (2022) con protección social para trabajadores de plataformas. SkillsFuture de Singapur muestra el modelo de cuenta de formación. El 70,6 % de la población ocupada tiene empleo informal (INEI, oct. 2024–set. 2025).

Riesgo

Con más del 70 % de informalidad y pocos inspectores con perfil técnico, la ley alcanzará sobre todo a grandes empleadores formales; la plataforma puede trasladar el costo del seguro al repartidor.

Agrupa

ECO-11 (Agenda Tech), IA-13 (Agenda Tech), DER-05 (Agenda Tech), TAL-16 (Agenda Tech)

Perú 2050

AE3.2.2, AE3.2.10

Depende de

DIG-01

Fuentes

INEI: indicadores del mercado laboral (informalidad), El Peruano — Convenio de la OIT (2026) sobre trabajo decente en la economía de plataformas, España: Ley 12/2021, derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en plataformas digitales, OIT, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (2025), España: Ley 12/2021 (información a la representación de los trabajadores sobre algoritmos), Ley 31572, texto consolidado (Archivo Digital de la Legislación del Congreso)